Con todo y decreto, no se ve cómo llegar a acuerdos en el Congreso

**El ejemplo más espinoso: Nadie ha dado visos de ponerse de acuerdo en un tema relacionado con la discriminación, la reforma en materia civil relativa al matrimonio.

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2015, 08:23 am

Por: Alejandro Salmón Aguilera

Lo firmado, firmado. Ahí estuvieron presentes en un acto público celebrado ante decenas de actores políticos y cubierto por casi todos los medios de comunicación de la capital y puntos circunvecinos.

Las fuerzas políticas del estado se comprometieron a aprobar “por consenso” una serie de reformas que hasta ahora sólo han generado polémica, por lo menos en el escenario de la opinión pública.

Por citar el ejemplo más espinoso, hasta ahora: ni el PRI, ni el PAN ni actores del Gobierno del Estado han dado visos de ponerse de acuerdo en un tema relacionado con la discriminación -incluido en el decreto ya firmado y publicado- el cual va a dar, irremediablemente, a la reforma en materia civil relativa al matrimonio.

Los diversos fallos emitidos por la Justicia Federal han calificado de discriminatorios los artículos 134 y 135 del Código Civil, que reservan la figura del matrimonio a personas de sexo distinto y establecen que el fin último de esa institución es la procreación, hacen referencia a la discriminación que sufren las personas de preferencias homosexuales.

Hasta ahora, la postura política del PAN ha sido abiertamente en contra de ponerle la palabra “matrimonio” a la unión de dos personas del mismo sexo. Por otro lado, partidos que se autocalifican “de izquierda” han impulsado una reforma que elimine cualquier traba de ese tipo, mientras que el Ejecutivo ha sumido la actitud de quien paga por ver y no se compromete ni en un sentido ni en otro. La pregunta es ¿cómo van a llegar a un consenso en esa materia?

Tampoco se ve claro cómo y cuándo se pongan de acuerdo en la reforma política. El PRI ha expresado una postura intransigente en torno a ponerle candados a las candidaturas independientes. Quiere, por ejemplo, que el aspirante independiente compruebe que no ha pertenecido a ningún partido político en un lapso de por lo menos dos años antes de la elección.

Muchos le han llamado la “Ley Anti-Bronco”, en relación al ex priista Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, quien ganó la gubernatura del estado de Nuevo León en calidad de candidato independiente. En Chihuahua, la vox populi le puso nombre y apellido a ese requisito insalvable que pretenden los priistas: la “Ley Anti-Teto” o “Ley Anti-Marco Quezada”.

Menos aún se ve cómo vayan a llegar a un acuerdo acerca del umbral mínimo que deberán alcanzar los micro-partidos para acceder al Congreso. El PAN quiere mantener el listón alto: en 3 puntos porcentuales, mientras que el PRI pretende dejarlo en 2 y el PRD bajarlo al 1.5. En todos los casos, se trata de supervivencia política de partidos que llevan años enquistados en el erario ¿cómo ponerlos de acuerdo en esa materia?

Tal vez a eso se deba que, en la misma ceremonia donde los tres poderes signaron el acuerdo, acompañados de los líderes de las diversas bancadas representadas en el Congreso, el gobernador César Duarte anunció la cancelación de la “mini-gubernatura”. No había condiciones para el consenso, ni siquiera al interior del PRI, menos en el pleno del Legislativo. El problema es que no se ve cómo vayan a votar de manera unánime reformas en las que hay posiciones intransigentes e infranqueables. A pagar por ver.