Comunidades rarámuris resisten el despojo de sus tierras

*La desigual disputa por territorios ancestrales, la tala ilegal, la desmedida e irracional explotación, están acabando con los bosques de la Sierra Tarahumara. *Cuota de sangre y el ejemplar caso de Choréachi.


Comunidades rarámuris resisten el despojo de sus tierras

La Crónica de Chihuahua
21 de febrero, 10:16 am

Por: Ana Dueñas

“Quien tiene un terreno en la Sierra, lo tiene porque se lo quitó a los pueblos indígenas”, asegura el antropólogo social Horacio Alcalde Almanza, para quien las principales amenazas que enfrentan las poblaciones indígenas en la Sierra Tarahumara tienen que ver con el territorio, porque ahí es donde se encuentran los recursos naturales, tan codiciados.

El investigador señala que el narcotráfico y los cacicazgos que desde hace decenas de años intentan arrebatar sus tierras a los diferentes grupos indígenas de la Sierra Tarahumara, están por acabar con la flora y fauna de la zona. Tan sólo en el área del llamado Triángulo Dorado, caracterizado por sus plantaciones de amapola, más de 12 mil hectáreas, que abarca los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, según la Fiscalía de este último estado, operan más de diez grupos delincuenciales. Se trata de un estado paralelo en la Sierra Tarahumara, donde “la presencia y control de los grupos delictivos no permite que florezcan otro tipo de proyectos orientados a la sustentabilidad ambiental, porque inevitablemente entrarían en conflicto por los intereses locales por el bosque”, apunta Alcalde Almanza.

En el municipio de Bocoyna han sido varios los despojos e intentos de despojos de tierra, recuerda el investigador, esto por el interés turístico en la municipalidad de Creel y las Barrancas del Cobre, aunque también este tipo de conflictos se ha presentado en el vecino municipio de Urique. “Es importante señalar que, por primera vez, estos conflictos se judicializaron y las comunidades están recuperando la posesión sobre la tierra. Sin embargo, el desarrollo económico sigue buscando ganar más control sobre la tierra y los recursos naturales para generar más dinero”.

La madera y las minas

“Mucha gente dice que la presencia de grupos criminales en la explotación del bosque tiene que ver con caídas en precios y mercados de opiáceos y otras drogas, mientras que la madera les es un negocio más redituable. La explotación forestal está a cargo de poblaciones mestizas, quienes tienen el control del corte y la extracción de la madera. Ésta es una de las actividades que ha generado mayores procesos de despojo de territorio y de recursos a las comunidades indígenas. Las tierras muchas veces pasaron a manos privadas, con presencia y solapamiento oficial. Estos grupos, aunque sean minorías, tienen controlado el proceso de extracción de la madera” explica.

Destrucción de bosques y despojo de tierras a comunidades nativas, es mucho de lo que ha dejado la minería en Chihuahua, “la connivencia de los gobiernos con los grandes capitales ha favorecido el desarrollo de estos proyectos mineros; la minería está agotando el agua, contaminado suelo y afectando la salud.

Aunque son escasos, también existen triunfos legales en medio de este mar de conflictos sociales, territoriales y jurídicos…

Almanza reflexiona sobre las sentencias en procesos legales que han emprendido las comunidades de Huitosachi y San Elías Repechique, la primera en contra de un particular y la segunda en contra del estado, en las que se reconoce como ganadoras de la pugna legal a estas dos comunidades. Lamentablemente, no siempre es éste el caso, y para muestra está el gaseoducto que pasa por la Sierra, porque en el pleito legal que se abrió para recibir retribuciones por indemnización y/o cancelación del proyecto, sólo una comunidad logró que el gaseoducto no pasara por su territorio, sin embargo, otras comunidades tuvieron que conformarse con negociaciones e indemnizaciones marginales.

Cuota de sangre y el caso de Choréachi

Detrás de estas batallas legales están comunidades organizadas para luchar por sus territorios y detrás de ellas líderes, que lamentablemente en más de una ocasión, han resultado asesinados como Juan Ontiveros Ramos, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado tras participar días antes en reuniones oficiales para exigir protección a su comunidad, Choréachi, ubicada en el Municipio de Guadalupe y Calvo; esto apenas 15 días después del asesinato de Isidro Baldenegro, reconocido líder ecologista, en el año 2017. Y en 2019 también fue asesinado el defensor rarámuri de la comunidad Coloradas de la Virgen, Julián Carrillo.

Choréachi (antes Pino Gordo) es el nombre de la ranchería cabecera que constituye el centro ceremonial y político que extiende su jurisdicción a un conjunto de ranchos, rancherías, parajes y oteros en la demarcación territorial de los rarámuris “cimaroni” o “gentil” de la barranca de Río Verde o Sinforosa; en otras palabras, una rama conservadora del grupo rarámuri, reticente a aceptar la acción institucional, así como los sacramentos del sistema religioso judeo-cristiano. Son “cimaronis” por la creencia de que no son bautizados de Iglesia de padrecitos y madrecitas [los religiosos]. Su nombre original era Choréachi, castellanizado como Pino Gordo, que fue como ya lo llamaba Lumholtz cuando escribió sobre dicho lugar. Fue en los años noventa del siglo XX cuando gente de la ranchería El Durazno acaparó los derechos de propiedad del ejido Pino Gordo, del cual eran peticionarios. Desde entonces retomaron el nombre original de Choréachi. Estos espacios son asentamientos humanos, de labor, referenciales, ceremoniales y de libre tránsito para la comunidad que habita este territorio. La barranca de Río Verde se localiza en la frontera de los municipios de Guachochi y Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Ellos tienen la creencia de que las ofrendas, Dios no se las come si ellos están bautizados.

“Varias veces vinieron a bautizar, y la gente no ha querido […]. En mis sueños me dicen que así debe ser. El Dios regaña porque no dan ofrendas o comida. También tiene hambre él. Por eso da maíz en cada año que lo sembramos y si no se da no viene el agua”. La cita del estudioso Francisco Ramos Cruz revela la particularidad de las creencias de esta comunidad.

Los reportes establecen que las tierras de Pino Gordo cuentan con una de las porciones más grandes de bosques de pino-encino existentes en toda la Sierra Madre Occidental. Constituye también uno de los más importantes hábitats para la diversidad de flora y fauna de la Sierra Tarahumara, debido a sus altos niveles de endemismo, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). El explorador noruego Karl Lumholtz viajó por la Sierra Madre durante 1894 y publicó una etnografía detallada de las localidades que visitó, entre las que se encontraba Pino Gordo. En su obra menciona magníficos árboles del lugar, además de que hizo una de las descripciones más antiguas con que se cuentan (Lumholtz, 1981: 327). Estas imágenes de Pino Gordo persisten hasta ahora.

Juicios, chicanas, despojo

Los conflictos por la tierra en Choréachi ilustran cómo la invisibilización de sus creencias, su folklor y su visión del mundo. Por la vía de ignorarlos como ente cultural y comunidad humana con derechos, es como se ha consumado el despojo de su territorio.

Horacio Alcalde Almanza hizo un resumen del conflicto y de la disputa legal:

En sus palabras, “Choréachi ha sostenido directamente una disputa en los tribunales agrarios con la comunidad agraria mestiza colindante, denominada Las Coloradas, así como contra un grupo de personas del escindido rancho indígena vecino de El Durazno. En los años treinta, cincuenta pobladores del pueblo indígena de Choréachi hicieron una petición de dotación ejidal al gobierno federal. El procedimiento se retrasó considerablemente y, mientras tanto, los mestizos de Las Coloradas invadieron repetidamente tierras de Choréachi para extraer madera ilegalmente. La dotación como ejido se otorgó en los sesenta por el entonces presidente de México Adolfo López Mateos, sin embargo, en dicha dotación se omitió la lista de derechohabientes y, por ende, los posesionarios indígenas de las rancherías de Choréachi y El Durazno (entonces unidas como ejido Pino Gordo) insistieron, infructuosamente, durante casi cinco décadas, en dar seguimiento y, a su vez, conclusión del proceso, hasta que en los noventa la disputa dio un giro crucial. Meses después de que Pino Gordo recibiera la dotación como ejido en los años sesenta, los vecinos mestizos también obtuvieron la dotación de tierras como bienes comunales, cuyo núcleo agrario fue denominado Las Coloradas. Las Coloradas asumió como suyas diez mil hectáreas de tierra pertenecientes a Choréachi-Pino Gordo. El reconocimiento legal de 126 de sus miembros fue posteriormente otorgado, pero a los pocos meses fue anulado por la Secretaría de la Reforma Agraria, argumentando que la asamblea ejidal debía otorgar su aprobación, no el tribunal agrario que intervino. En la década del dos mil, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), a través del INEGI, definió su postura sobre la controversia limítrofe entre Pino Gordo, Choréachi y Las Coloradas, favoreciendo la posición de ésta última. Los cincuenta miembros reconocidos de El Durazno ―ya ejidatarios de Pino Gordo― aceptaron la sentencia y cedieron a los mestizos el territorio en disputa. Al final de cuentas, los peticionarios de Choréachi fueron no sólo privados de la posibilidad de poseer los derechos ejidales de Pino Gordo, sino que quedaron dentro del polígono de Las Coloradas, convirtiéndose así en residentes de esta comunidad agraria mestiza, sin derecho alguno de propiedad agraria. Dado que carecían de personalidad jurídica (ya no podían presentarse ni siquiera como peticionarios), se apoyaron en jurisprudencia que reconoce a las comunidades de facto y se denominaron a sí mismos como “comunidad de facto Choréachi”. De esta manera presentaron, con la representación de su gobernador indígena, una demanda ante el Tribunal Agrario para el “ejercicio de acción por la nulidad de los actos, documentos y resoluciones” dictada por las autoridades agrarias, incluyendo los permisos de aprovechamiento forestal emitidos por la Semarnat, solicitando el reconocimiento y titulación de la ‘comunidad indígena de facto Choréachi’“.

Hasta aquí el resumen.

La luz y el túnel

La interpretación y las enseñanzas que deja este conflicto, van en el sentido de que el despojo en Choréachi ilustra cómo un esquema de tenencia de la tierra y territorialidad indígenas, organizados en torno a su propio sistema normativo, es desplazado por otro sistema normativo, hegemónico y estatal, perfilado por el Estado moderno y, en el caso de los tribunales, por el derecho positivo mexicano. Este modelo de la superestructura jurídica de la sociedad mexicana “motiva el privilegio de un sistema normativo sobre otro no es un solo actor o institución, sino una estructura constituida por supuestos, normas, relaciones sociales y prácticas burocráticas que brindan oportunidades a algunos, mientras que restringen las aspiraciones de otros”, concluye el investigador social.

Asimismo, el análisis de los argumentos esgrimidos por oficiales agrarios para no reconocer los derechos de propiedad de Choréachi “revela -según Horacio Almanza- el grado de negación de la condición de pueblo originario a las comunidades indígenas”.

Sin embargo, en este caso (en estos casos) no todo está perdido, ni en la causa de los rarámuris por la defensa de su cultura, de su territorio, asegura el entrevistado, porque “por otra parte, la nueva relación con organizaciones civiles solidarias estableció condiciones para la aparición de diferentes formas de poder entre las comunidades y las autoridades tradicionales. Estos procesos sugieren que las comunidades están superando la invisibilización impuesta por los grupos o sectores dominantes en el sistema jurídico de éstos, pero también reivindican una juridicidad alternativa, sea ésta derivada del derecho consuetudinario o del internacional. Las comunidades indígenas no sólo reivindican el derecho de ejercer sus propios sistemas normativos, sino también su derecho de acceso a la justicia del Estado”.