Comienza la cacería de inmigrantes en EEUU

REPORTAJE ESPECIAL

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2017, 21:00 pm

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Nydia Egremy

La temporada para atrapar inmigrantes indocumentados comenzó el 25 de enero cuando el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) firmó una orden ejecutiva que aumentó las categorías de personas prioritarias para deportar.

El terror a la captura y deportación corrió por regiones agrícolas, zonas industriales y centros de servicio en ciudades con importante presencia de inmigrantes.

Al crecer los rumores de razzias (detenciones masivas), funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguraban que sus casi 100 equipos operativos actuaban con ritmo “rutinario”, igual que en el gobierno de Barack Obama.

Crónica de una pesadilla

Se estima que 11 millones de indocumentados viven en EE.UU. Según el artículo de Nicholas Kulish y Caitlin Dickerson en el New York Times, cifras del ICE revelan que 960 mil personas ya enfrentan órdenes de expulsión, aunque no están bajo custodia. El 10 de febrero, tras cinco días de “acciones enfocadas” en seis condados de Los Ángeles, el ICE admitía el arresto de 160 personas, “150 con antecedentes penales graves”; es decir, que recibieron órdenes de deportación antes de que Trump fuera presidente.

Las contradicciones abundan. El día 12, en su cuenta de Twitter, Trump escribió que el aumento en las redadas respondía a sus promesas de campaña.

Agregó que la mayoría de los deportados “son miembros de bandas y traficantes de droga”, aunque testigos y organizaciones defensoras afirman que el ICE procesa para deportar a personas sin antecedentes.

A su vez, funcionarios de inmigración y policiales niegan que las razzias sean un intento coordinado de acelerar deportaciones y hablan de mera “rutina”.

Todo cambió el 13 de febrero, cuando fueron arrestadas 680 personas en operativos centrados en individuos que suponen “amenazas a la seguridad pública”, según el gobierno.

A su vez, el secretario de Seguridad Interior, John F. Kelly, aseguró que el 75 por ciento de esos arrestos eran de “inmigrantes criminales”.

Organizaciones defensoras denuncian la detención de más de cien personas en redadas al sur de California y protestan contra esa política que inspira terror entre indocumentados y silencia el trabajo duro de los latinos, sin importar su estatus migratorio.

Las protestas se extienden, buscan bloquear el traslado y la expulsión de los detenidos.

La prensa alternativa informa del ayuno de siete inmigrantes en la Iglesia Episcopal de la Universidad de Miami, en protesta por la decisión del alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, de acatar el decreto presidencial de detención prolongada de inmigrantes.

Desde 2014 ese condado no cumplía con las detenciones de la ICE, pero todo cambió, explican los grupos Familias Unidas y Trabajadores Interreligiosos por la Justicia del Sur de Florida.

El temor y la intolerancia se combinan. En Nueva York, el cónsul mexicano Diego Gómez Pickering fue amenazado con ser arrestado por autoridades migratorias mientras dialogaba con varios inmigrantes en un estacionamiento privado.

Según The New York Post, los empleados del lugar echaron del sitio a Pickering y a los inmigrantes. De los 50 cónsules mexicanos en EE.UU. se reciben alarmantes noticias del incremento en las expulsiones, en aparatosos operativos en 11 estados incluidos California, Georgia, Nueva York, las dos Carolinas, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Wisconsin.

Las organizaciones defensoras de migrantes llaman a las autoridades locales “a no sumarse al plan de deportación masiva”.

En su intento por frenar el pánico, organizan seminarios con abogados para informar a la gente sobre sus derechos y desde las redes sociales se construye una resistencia nacional contra la criminalización de inmigrantes que cumplen con las leyes.

En Arizona son muy activos grupos como Puente Arizona y Mijente.net; en Los Ángeles el grupo CHIRLA dijo que el acoso a inmigrantes es “señal de debilidad”, aunque el ICE fortalecido parece “gozar en separar familias”.

Mientras la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac) denuncia que los latinos en EE. UU. viven hoy “uno de los peores momentos en los últimos años”, grupos como Voces de la Frontera y el movimiento Por Una Reforma Migratoria Justa (FIRM) orientan así a los inmigrantes.

“Constitucionalmente el gobierno federal no tiene autoridad para forzar a los condados a hacer deportaciones y los alcaldes pueden negarse y hasta pelear en la Corte”.

La organización Democracy Now! refiere que el ICE también considera objetivos de deportación a líderes de organismos de ayuda a inmigrantes, como el director ejecutivo de Familias por Libertad, Abraham Paulos y el director de Nueva Coalición de Santuarios de la Ciudad de Nueva York, Ravi Ragvir, quien podría ser deportado el nueve de marzo cuando vaya a su junta de revisión.

Daño económico

Los congresistas de los estados de EE. UU. con gran presencia de inmigrantes señalan otro efecto negativo de las redadas: la parálisis de las comunidades.

Y es que los estudiantes no quieren salir de casa, los padres tienen miedo de dejar solos a sus hijos y que lleguen por ellos los agentes del ICE.

La legisladora Judy Chu reconoció: “Mis constituyentes están muy nerviosos por lo que está pasando”. Para muchos, esa política daña de modo irreparable la economía local. Algunos congresistas se han sumado a las protestas –como Michelle Luján en Albuquerque–, Luis Gutiérrez, que acusó a Trump de “dividir y romper familias para apuntarse puntos políticos baratos y cobardes”; así como Lucille Roybal y Zoe Lofgren.

Para resaltar la importancia socio-económica de los inmigrantes en EE. UU. colectivos de trabajadores, activistas, comerciantes y organizaciones de múltiples vocaciones protagonizaron el 16 de febrero un “Día sin Latinos, Inmigrantes y Refugiados” en todo el país.

La consigna era cerrar miles de negocios (restaurantes, hoteles, fábricas, del sector agrícola e industria lechera), que dependen de mano de obra inmigrante y no comprar. Éste fue un ensayo para la movilización del Día del Trabajo, que involucraría a más ciudades y agrupaciones, así como una serie de boicots.

Días antes hubo otra manifestación de gran magnitud en Milwaukee, donde viven 150 mil de 340 mil latinos registrados.

Ahí se pidió la renuncia del alguacil del condado, David Clarke, quien apoya el plan de deportaciones masivas (Programa 287 g) para involucrar a los agentes en tareas de inmigración, tales como la identificación y detención de sospechosos de violar normas migratorias para canalizarlos hacia la deportación. Irónico, Clarke excusó su ausencia en la concentración con este comunicado: “Estoy ocupado, trabajando con agentes del ICE y ayudando a identificar indocumentados criminales”.

Santuarios en riesgo

Unos siete millones de inmigrantes no autorizados se concentran en 20 zonas metropolitanas: Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston.

Ahí constituyen el 61 por ciento del total nacional, según el reciente informe del Centro de Investigación Pew. Para impedir que los inmigrantes eviten la deportación, muchas urbes se han declarado “ciudades santuario”, oponiéndose o limitando su colaboración con las autoridades federales.

Esa tradición surgió en los 80’s, cuando la ciudad de Los Ángeles pidió a la policía que no interrogara a las personas para determinar su estatus migratorio.

Luego la ciudad de San Francisco prohibió usar fondos para reforzar leyes federales anti-inmigración. Hoy existen cientos de zonas que funcionan así, entre ellas Seattle, San Diego, Austin, Boston, Denver y Miami.

El dos de febrero, la Junta de Supervisores de Milwaukee decidió ofrecer santuario a los inmigrantes indocumentados.

El 26 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que despoja de apoyo financiero federal a esas metrópolis. Cerrar el flujo de recursos mina el desarrollo de las comunidades, aunque ese proceso llevaría meses por la complejidad normativa entre los estados, los tribunales federales y el gobierno en Washington D.C.

El alcalde neoyorquino Bill de Blasio advirtió: “Permaneceremos unidos para la gente trabajadora, familias de inmigrantes”.

En Denver Janet Vizguerra pidió santuario en la iglesia de la Primera Sociedad Unitaria de Denver que, como otras, refugian a indocumentados en riesgo de deportación. Ella llegó a EE. UU en 1997, luego que su esposo sufrió tres asaltos en la Ciudad de México.

En 2009 fue detenida por manejar sin licencia y portar documentos falsos. Así inició el proceso para deportarla pero en 2012 regresó a México para atender a su madre enferma.

En su retorno indocumentado a EE. UU. fue detenida por la Patrulla Fronteriza, pero su deportación se suspendió temporalmente por la protesta masiva de residentes de Denver.

Sin embargo, el ICE no renovó esa suspensión este mes y Jeanette enfrenta hoy la expulsión. Y mientras el director de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) ofrecía ayudar a Jeanette “en lo que necesite”, ella apuesta por obtener la llamada Visa U (para testigos de crímenes violentos).

Entre tanto, reclama que pagó durante 20 años impuestos en EE. UU. “Lo que Trump no ha hecho”, por lo que, si es deportada, exigirá la devolución de sus contribuciones.

Hasta ahora, el ICE no ha emprendido acciones en sitios-santuario (parroquias, hospitales, escuelas), pero nada garantiza que seguirá así.

Detrás del acoso a los alcaldes está la intención de Trump de retirar fondos federales a las llamadas “ciudades santuario” y a jurisdicciones que rechazan destinar fondos y esfuerzos para cooperar con programas federales que no son de cumplimiento obligatorio.