Arantepacua, lecciones para el pueblo

**Pero este desgraciado asunto mortal también es una manifestación de otro problema más profundo: la pobreza espantosa que padece en general toda la región.

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2017, 11:11 am

Por Luis Miguel López Alanís

Lo sucedido en Arantepacua, Michoacán, el pasado 5 de abril, que tuvo un saldo de al menos cuatro muertos y varios heridos, debe dejar a los pobres del pueblo purépecha y del pueblo michoacano en general algunas lecciones vitales para su lucha por el progreso.

De acuerdo con la información al alcance en los medios de comunicación locales, el conflicto original se da por la disputa por tierras entre Arantepacua y su vecino Capacuaro, comunidades indígenas que pelean entre sí un total de 520 hectáreas de bosques que por decreto presidencial pertenecen a la segunda comunidad desde 1984, y contra la que protestaron los de Arantepacua; así llevan 23 años sin que se resuelva el asunto, aunque el conflicto se remonta a 1941 y ha causado muchas muertes a lo largo de ocho décadas. La causa original es, pues, la propiedad sobre la tierra.

Pero entre paréntesis, ¿qué fue lo que sucedió? Para los lectores, daré un pequeño resumen, antes de retomar mis reflexiones: El pasado miércoles 5 de abril, en la comunidad purépecha de Arantepacua, los policías asesinaron al menos a cuatro indígenas desarmados: Santiago Crisanto Luna, de 39 años de edad; Francisco Jiménez Alejandre, carpintero de 70 años de edad; Luis Gustavo Hernández Cuenete, de 15 o 16 años, alumno en primer año de Bachilleres; y José Carlos Jiménez Crisóstomo, de 25 años, casado, con una hija y estudiante de enfermería en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los cuatro murieron por efecto de las balas disparadas por la policía. La versión oficial es que los cuatro indígenas murieron en un supuesto enfrentamiento con la policía. Pero lo cierto es que no hubo exactamente un enfrentamiento, sino más bien una agresión contra los comuneros por parte de un espectacular destacamento de 400 agentes y un centenar de vehículos policiales, incluyendo 78 camionetas, 21 patrullas, 3 camiones y hasta un carro blindado tipo “rinoceronte”. Este ejército arremetió sobre la comunidad indígena con la mayor brutalidad y sin mediar ningún diálogo. Según los testigos, los policías no sólo dispararon indiscriminadamente sobre los comuneros, sino que derribaron puertas y quebraron cerrojos, allanaron decenas de casas sin orden judicial, robaron joyas y dinero, y golpearon a mujeres, ancianos y niños.

Este conflicto es sólo uno de los muchos de que es presa toda la comunidad indígena de la Meseta Purépecha, en la que según el estudio “Cherán: el poder del consenso y las políticas comunitarias”, de Laura Ojeda Dávila (UMSNH), “…se estima que prácticamente todos los núcleos agrarios de la sierra p´urhépecha presentan en la actualidad cuando menos un problema por límites, dando un resultado de 57 asuntos en 49 comunidades y una superficie en conflicto de 22,576 hectáreas…”. Es decir, un verdadero hervidero de problemas agrarios que no han resuelto los sucesivos gobiernos que hemos tenido. Más bien, es evidente la falta de interés por resolverlos pues mantienen convenientemente dividida a una comunidad que si trabajara unida fraternalmente sería un gigante en todos los sentidos sociales.

Pero este desgraciado asunto mortal también es una manifestación de otro problema más profundo: la pobreza espantosa que padece en general toda la región. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 81.4 por ciento de la población del municipio de Nahuatzen, donde se ubica Arantepacua, vive en situación de pobreza; el 45.8 por ciento de la población carece de derechos sociales, y el 35.9 por ciento de la población, cerca de 9 mil habitantes, viven en pobreza extrema. Frente a esto, solamente 1.7 por ciento de la población de Nahuatzen es catalogada como no pobre —es decir, entre los purépechas también hay clases sociales y menos del 2 por ciento pertenecen a la que no es pobre, a la que forma la clase política dirigente—. Este panorama se repite más o menos igual entre decenas de comunidades que conforman el territorio indígena purépecha en el que se distinguen, además de la Meseta, la Cañada de los Once Pueblos, la Región Lacustre de Pátzcuaro y la Ciénega de Zacapu, que abarcan 22 municipios y una población superior a 120 mil hablantes del lenguaje michoaque. Esta pobreza generalizada es un excelente medio social para obligar a la gente a prestarse a diversos ilícitos, a los cultivos de drogas, a la tala ilegal y, a pesar de todo el discurso oficial, sigue siendo cierto que imperan el fanatismo, la ignorancia, las venganzas, rencillas y odios personales por generaciones; todo ello apuntalado por el bajo nivel académico —que no ha sido abatido por 38 años de CNTE, por 11 años de gobiernos perredistas (esos que hoy emigran hacia Morena), por los seis años de un presidente de la república michoacano— por un bajísimo nivel de salud y por gobiernos ejercidos durante décadas por cacicazgos locales irresponsables, intolerantes, tricolores, azules y amarillo-morenos cuyos resultados están a la vista del pueblo.

Este sombrío panorama impone una lucha obligada contra la pobreza y por una distribución más justa y equitativa de la riqueza social generada en una de las más ricas zonas de Michoacán.

Pero esta lucha deben darla los pobres por los cauces legales que todavía nos proporciona el Estado de Derecho que heredamos de la Revolución Mexicana. Conducir irresponsablemente al pueblo pobre a la confrontación con el Estado y sus fuerzas policiales es jugar con fuego. Antorcha propone la lucha legal, propone la organización popular con una constante movilización acorde con los derechos constitucionales. Antorcha no secuestra vehículos ni mucho menos promueve quemarlos; sus movilizaciones se llevan a cabo de manera pacífica, tranquila y sin agresiones de ningún tipo; mucho menos de manera armada.

El camino que proponemos es tal vez más largo, requiere que el pueblo aprenda política y se organice fraternalmente, pero a la larga también es el más seguro y el menos doloroso: los resultados de esta forma de lucha puede verlos quien quiera en todo el estado de Michoacán y en el país. La promoción del espontaneísmo y la irresponsabilidad en la lucha por el progreso social y, peor aún, su glorificación, son criminales.

La única defensa del pueblo pobre, en medio de tantos intereses capitalistas rapaces, abiertos o embozados, “legales” e ilegales, es su unión, su organización, su fraternidad y su lucha como las propone Antorcha. Si hay otra forma, superior, mejor, que nos la digan y abandonamos la nuestra. Pero no se ve ninguna en el horizonte. Muchos intereses se alcanzan a percibir en todo este infeliz asunto de Arantepacua y queda claro que el más dañado con él es el Gobernador Silvano Aureoles; sus pretensiones políticas han quedado seriamente dañadas; el más beneficiado con esta desgracia es su principal adversario: AMLO, la forma morena de un contenido amarillo. Si la trama fue urdida a propósito, o fue resultado inevitable de las perversas condiciones políticas que campean en nuestras tierras –que para el caso es lo mismo—, ya se irá sabiendo con el tiempo.

De lo que no hay duda es de que una vez más fue el pueblo pobre quien puso su cuota de sangre y de que así seguirá hasta la eternidad o, como dijo Pito Pérez, hasta que del coraje de los humildes surja un día un terremoto, y entonces, no quede piedra sobre piedra. Los pobres de Arantepacua, por sí solos, están perdidos, incluso como municipio: su única defensa es la unión, la fraternidad y la lucha con todos los oprimidos del país.

Finalmente, algo notorio. Comisiones de campesinos de Arantepacua asistieron en busca de solución durante febrero y marzo a ocho reuniones encabezadas por el subsecretario de Gobierno Armando Hurtado Arévalo, incluso una el día de las agresiones en Arantepacua: el resultado fue fatal. Los hombres deben ser juzgados por sus resultados y aunque no hubiera promovido la violencia, ese fue el resultado del subsecretario. Para nosotros esto es muy importante porque ese funcionario es el mismo que fue designado para tratar los asuntos de decenas de grupos antorchistas, entre ellos el grupo de comerciantes semifijos del mercado municipal de Ciudad Hidalgo, que sufrió amenazas por gente armada la madrugada del 7 de enero pasado, y la agresión que sufrió el licenciado Víctor Gaytán Reyes el 10 de febrero del presente, misma que hemos documentado ampliamente a la opinión pública. Los resultados que hemos obtenido con el señor Hurtado Arévalo también han sido nulos. No tiene interés por solucionar nada con política sabia, al contrario, ha tenido una criminal complicidad con los agresores, quienesquiera que hayan sido, pues ha dejado sin esclarecer estas agresiones, y ha protegido en los hechos —como también los hemos documentado— al presidente municipal Rubén Padilla Soto, de quien también hemos ampliamente difundido su muy posible colusión con los hechos delictuosos mencionados, por lo que pedimos razonablemente que se le separe de su cargo para que se le investigue, pero encontramos oídos sordos en el Gobierno que representa Hurtado. Ante todo esto ¿es acaso injustificado preguntarse si hacia el mismo fatal resultado nos quiere conducir el subsecretario de Gobierno? Pues ahora no nos cabe ninguna duda de que así es y no lo vamos a permitir ni de él ni de nadie en este Gobierno. Los pobres de Arantepacua, ante funcionarios de este tipo, por sí solos están perdidos. Nosotros lo sabemos bien. Por esa razón es vital que los pobres sean fuertes, que los hombres sencillos sean poderosos en su unión.

Así, con Neruda, decimos a los humildes: “no sufras, ya llega el día, ven, ven conmigo, ven con todos los que a ti se parecen, los más sencillos, ven, no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé: yo sé hacia dónde vamos, y es ésta la palabra: no sufras porque ganaremos, ganaremos nosotros, los más sencillos, ganaremos, aunque tú no lo creas, ganaremos”.