Acusan a gobernador de Colima de enriquecimiento ílicito

**De ser el estado con menor corrupción, Colima pasó el lugar 26

Colima era el estado menos corrupto del país hace seis años y ahora ocupa el sitio 26, según los indicadores del Índice de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, así como los datos del Índice de Percepción de la Corrupción que es medido por Coparmex junto a la Fundación Konrad Adenauer y la consultora Polilat.

Y sobre esto, sobre la percepción de corrupción en el estado, una de las imputaciones que se le hacen al gobernador priista Mario Anguiano Moreno es que se ha enriquecido al amparo del poder. Él lo niega.

Sin embargo, se ha documentado que, durante su sexenio, Anguiano Moreno adquirió las siguientes propiedades:

—En 2012, un predio en Tinajas (donde nació) de 39 hectáreas, por $468 mil pesos.

—En 2012, un terreno en Colima para construir una casa en el lujoso Fraccionamiento Paseos de La Hacienda (vivienda que sigue en obra), con un costo de 868 mil pesos por el lote, más 1.1 millones de construcción, para un total de un millón 968 mil pesos.

Eso es lo que, en entrevista con este diario, afirma que le ha costado el inmueble. Buen precio consiguió el gobernador, ya que por una casa terminada con un terreno de 250 metros cuadrados en el mismo lugar el precio comercial en el lugar es de 2.6 millones de pesos. Y por otra de 520 metros de terreno el precio es de 4.8 millones de pesos, según se constató con inmobiliarias locales.

—Una “cabaña campestre”, que más bien es un rancho de siete hectáreas al pie del volcán de Colima, en Cofradía de Suchitlán, colindante con Comala, con un valor de $2.5 millones de pesos. Fue adquirido en 2012.

Todas estas propiedades tienen un valor de casi cinco millones de pesos: cuatro millones 934 mil pesos.

Su sueldo anual como gobernador es, asegura, de 900 mil pesos (alrededor de 75 mil pesos mensuales), 5.4 millones de pesos durante todo el sexenio que aún no concluye. Tendría que haber utilizado casi 92% del total de sus ingresos como gobernador durante todo su mandato para adquirir esas propiedades.

Él dice que para adquirirlas no sólo usó su sueldo, sino que vendió dos propiedades en 2011:

—Una casa en la colonia Lomas Verdes de Colima con valor de un millón 800 mil pesos.

—Una casa en la colonia Campestre del municipio de Villa de Álvarez con un valor de 395 mil pesos.

Por el total de los dos inmuebles, que no aparecen en su declaración patrimonial, afirma que recibió dos millones 195 mil pesos.

De ser así, de haber utilizado los recursos por la venta de esos inmuebles, todavía le restarían dos millones 739 mil pesos por pagar, cifra que equivale a 50% de su sueldo sexenal.

Antes de obtener las propiedades que reconoce que adquirió como gobernador en funciones, solo había declarado poseer estas propiedades:

—Una vivienda en Tinajas con valor de 440 mil pesos, la cual remodeló con una inversión de $565 mil pesos.

—Un “predio ejidal” de cinco hectáreas en Tinajas, con un valor de 15 mil 503 pesos.

—Un “predio ejidal” de 4.83 hectáreas, con un valor de 12 mil 402 pesos.

También se supo que cuenta con una vivienda en Los Ángeles, California, pero el gobernador afirma que es una herencia de su esposa.

Se le pregunta al gobernador:

—Usted, cuando entró al gobierno, ¿qué es lo que tenía y qué es lo que ahora tiene? ¿Se enriqueció usted?

—Rotundamente no.

—Ya siendo gobernador adquirió un predio en Tinajas de medio millón de pesos, de 39 hectáreas…

—Sí. Y te digo por qué: es el terreno donde yo nací. Ni siquiera era una comunidad rural. En aquellos tiempos las familias vivían en los predios donde trabajaban. Ese terreno para mí tenía un alto valor estimativo.

—Y aquí en la capital, Paseos de La Hacienda, un fraccionamiento bonito…

—Es un terreno donde se está construyendo una casa.

—Como dos millones de pesos ha invertido. Una vivienda grande para usted…

—Es una vivienda, yo digo que adecuada. Cuando yo llego al gobierno del estado teníamos una vivienda que tenía un valor más o menos de dos millones de pesos. Esa la vendimos. Y mi esposa tiene sus recursos y ha venido canalizándolos hacia esa nueva vivienda que tenemos. Más los ingresos que hemos tenido como gobernador. Pero efectivamente, sí es así.

—Y en Cofradía de Suchitlán. El rancho con un valor de casi dos millones…

—Es correcto. Es un terreno que tiene siete hectáreas. El propietario hizo seis o siete fracciones. A nosotros nos pasó una de las siete fracciones. Y por supuesto la estamos pagando. Hemos abonado una parte. Y el resto se lo venimos pagando de manera mensual.

—Como cuatro, cinco millones de pesos adquirió en propiedades, ¿cuánto gana usted?

—Al mes, tal vez setenta mil pesos. Y hay que ver aguinaldos y prestaciones adicionales. Como 900 mil pesos al año.

—Le darían como cinco millones al sexenio. Dicen que se ha enriquecido terriblemente. Le adjudican propiedades en Los Ángeles…

—No me diga… —se incomoda. La mirada le brilla.

—¿Tiene propiedades fuera de México?

—Te comparto lo que pasa con la situación de Los Ángeles. La mamá de mi esposa, desde que estuvo mi esposa pequeñita, la dejó con sus abuelitos. Y se fue a vivir a Tijuana y luego se pasó a Los Ángeles. Y allá estuvieron, allá se desarrollaron toda la vida. Ella tenía una propiedad que cuando falleció se la hereda a mi esposa. No es una propiedad que se haya adquirido, una propiedad en la que yo tenga injerencia. Hay un trámite que está en proceso ni siquiera se ha formalizado. Es una propiedad que incluso tiene un litigio legal en Los Ángeles.

—¿No tiene usted propiedades allá adquiridas con recursos bien habidos o mal habidos?

—No. Absolutamente.

—Le adjudican que adquirió una cuadra de caballos que tiene aquí y en Estados Unidos…

—En Estados Unidos no tengo absolutamente nada…

—¿Ni un cuaco?

—¡N’hombre, por Dios! Y los que son míos vienen ahí relacionados (en la lista de sus propiedades y que, más detallada, fue subida al portal del gobierno de Colima a las 9:40 de la mañana del 13 de marzo pasado, justamente cuando se realizaba la entrevista). Nuestros caballos, los que compramos, son tres.

—En su declaración patrimonial detalla la posesión de tres caballos con un valor de 210 mil pesos, dos adquiridos en 2008 por 140 mil pesos, otro adquirido en 2012 por 70 mil pesos. Hay otros que no vienen en su declaración, que se los regalaron, cuenta. En su despacho de la residencia oficial, donde vive, no hay retratos, más que uno enorme de Galancito, un imponente corcel prieto azabache de raza española, de alta escuela, que sabe hacer ni más ni menos que 14 bailes, pasos, actos, cuenta el gobernador. Normalmente los caballos hacen cuatro, no más. Es un animal “excepcional”, acepta.

—¿De verdad usted puede ver a los ojos y decir a los colimenses: “Yo no he robado”?

—A los ojos. Absolutamente.

—¿No le vamos a encontrar una Casa Blanca al ratito?

—¡N’hombre, por Dios! Ustedes lo pueden checar…

***

Lo que sí se halló sobre su gobierno fue una compra irregular, realizada en marzo de 2011, de 98 hectáreas en Loma de Fátima, a las afueras de Colima, en la carretera hacia Manzanillo.

Se trata de un “terreno rústico” denominado La Loma, con un costo de 35 millones de pesos, con un avalúo hecho por una empresa que no está registrada para tales menesteres, en beneficio de una particular, Adriana Santoyo Durán, viuda de Germán Torres Anguiano, quien fuera dueño del megapalenque del municipio de Villa de Álvarez, ejecutado en 2006 en el centro comercial de Plaza del Sol, en Guadalajara, y que fue señalado por tener presuntos vínculos con narcotraficantes.

Aparentemente la mujer no era la legítima propietaria (los opositores de Anguiano afirman que era prestanombres del gobernador y otros servidores públicos), todo para desarrollar una supuesta reserva territorial.

El desfalco pudo ser peor: en un inicio el Instituto de Vivienda de Colima, cuyo director era Óscar Alejandro Torres Contreras, pretendía que el gobierno pagara 59 millones de pesos (documentos en poder de este diario). El gobernador acepta que todo el asunto estuvo mal. Muy mal.

—El instituto determinó que era una zona apropiada para vivienda. Ahí habrá un parque tecnológico. Era para construir casas de gente que trabajara ahí. Al poco tiempo que se empezaron a hacer las operaciones, se empezaron a generar problemas por la adquisición. Primero, que traía un litigio legal. Hubo cuestionamientos de que el manejo no había sido limpio y transparente. Y un elemento más: cuando sale la política del gobierno federal en materia de vivienda, lo que te dice es que es un error que el gobierno ande desarrollando fraccionamientos lejos de la ciudad. Te cuesta muchísimo y generas una especulación sumamente delicada para el funcionamiento de la ciudad. Ante todo eso, yo como gobernador tomé una decisión: “Quiero que deshagan la operación. Y quiero que al instituto le regresen su dinero”.

—Tengo copia de los cheques que pagaron. ¿Se regresó el dinero?

—Se ha regresado una parte, no se ha regresado la totalidad.

—¿Cuánto se ha regresado?

—No traigo ahorita el dato exacto, pero se ha regresado una parte. Lo que sí te digo es que si no se regresa, nosotros vamos a implementar un proceso legal en contra de quien hizo la operación y tiene la responsabilidad de regularizar. Eso que no quede una sola duda…

—¿Contra quien hizo la operación?

—Del funcionario nuestro, del instituto. Vamos a iniciar un proceso. Él hizo pagos. Las personas a las cuales pagó ese dinero deben regresarlo. Se va a devolver el terreno, pero van a tener que regresar el dinero.

—Déjeme decirle que todos los movimientos fueron rarísimos: el instituto pidió un día (23 de marzo del 2011) a la Secretaría de Finanzas que todo se acelerara y al día siguiente… empezaron a girar cheques fraccionados. De un día para otro ya estaban pagando. Eso no pasa en ningún lado, ni en Suiza…

—Por esa razón yo di la instrucción de que esa operación quedara anulada. Y el dinero se tiene que regresar. Que no quede duda. Y entiendo que ya regresaron un parte. Y si no regresa, vamos a demandar. Vamos a proceder…

En total, incluido el predio mencionado por 35 millones de pesos, el instituto habría adquirido, desde 2011, 159 hectáreas de terrenos para “reserva territorial” por un monto de casi 61 millones de pesos (61 millones 970 mil 670 pesos), transacciones que ese están revisando, según reportes.
Milenio