¿A quién sirve la OEA?

REPORTAJE INTERNACIONAL


¿A quién sirve la OEA?

La Crónica de Chihuahua
12 de abril, 21:00 pm

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Nydia Egremy

Considerada la “Oficina de Estados Unidos para América Latina”, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido omisa en su propósito fundacional. El también llamado “Ministerio de las Colonias” no nació para propiciar el desarrollo de la región, promover la equidad y tender puentes internos, sino para enmascarar la hegemonía estadounidense.

Con la nueva geopolítica de la posguerra fría, la agrupación perdió protagonismo. Hoy, pese a su trance político-económico, los gobiernos progresistas y sus políticas antineoliberales han tenido más logros que el organismo. México, sin estrategia propia en este momento de inflexión, sigue el equívoco rol de aliarse con victimarios y “llamar al diálogo”.

Perdida en su laberinto y a 69 años de su creación, la Organización de Estados Americanos (OEA) no tiene consenso regional sobre su función ni su efectividad. Desde su origen, el desequilibrio entre Estados Unidos (EE. UU.) y el resto de sus miembros se tradujo en una difícil convivencia y hoy nadie se atreve a decir que su labor ha sido exitosa en ningún rubro, salvo como instrumento de la política exterior de la superpotencia.

La nueva geopolítica regional surgida en 1998 confirmó que ese “club pro-EE. UU.” no era imprescindible y que debía ser refundada con visión multipolar.

Así lo exigía el contexto regional entre 2000 y 2011, cuando se crearon organismos regionales que planteaban una cooperación horizontal: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que agrupa ya a 33 Estados. Por ello, la Unasur (con su Banco del Sur) y la Celac hicieron énfasis en una nueva economía en la región frente a la monopolización que la OEA hizo de las relaciones políticas, económicas y culturales de la región desde 1948, apunta Arturo J. Jáuregui, de la Universidad Monteávila.

Entonces, aumentaron las críticas y presiones por la ineptitud del organismo. Instituciones financieras regionales, volcadas en la lógica del endeudamiento como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se sorprendieron cuando el Gobierno Bolivariano de Venezuela ofreció fuentes alternativas de financiamiento gracias al superávit de sus exportaciones petroleras. A la par, la Unasur dio un nuevo significado a la lógica de cooperación horizontal y “fomentó la confianza de los países del sur”, explica el analista de la Universidad Católica de Chile, Luis Schenoni.

Para contrarrestar esa visión altermundista, la derecha mexicana propuso en abril de 2005 al canciller Luis Ernesto Derbez, para postularse a la secretaría general de la OEA. Tal despropósito, capricho de oligarcas, derivó en un roce diplomático con Chile, cuyo candidato era José Miguel Insulza, quien obtuvo el cargo. En 2012, ante nuevas críticas, Insulza expresó que “mientras algunos hablan de terminar con la OEA, cada vez son más los que acuden a ella porque encontrarán un espacio de diálogo”.

Pero en el interior del organismo se profundizaba su crisis. El despilfarro arrastraba una abultada nómina que hasta ahora lastra sus finanzas, que se suma a su ineficacia: mientras el Consejo Europeo invierte el 60 por ciento de su presupuesto en el desarrollo regional, la OEA sólo utiliza el siete por ciento.

Ante esa situación, el 14 de noviembre de 2012, los senadores republicanos estadounidenses Marco Rubio y Richard Lugar, así como los demócratas Robert Menéndez y John Kerry, criticaban a Insulza en una misiva dirigida al Consejo Permanente de la OEA.

Afirmaban que carecía de visión estratégica y les preocupaba que el organismo pudiera entrar en una “parálisis” financiera y administrativa, a menos que se adoptaran “medidas correctivas audaces”. Hasta entonces, a Washington no le importaban las finanzas de su engendro, que por décadas fue su plataforma para agredir, ocupar y expoliar a los pueblos de América Latina y el Caribe, señala la periodista cubana Carmen Esquivel Sarría.

El operador

La OEA aún defiende la hegemonía estadounidense en la región y recibe a cambio respiración artificial con recursos y cobertura mediática. Su actual secretario, el excanciller uruguayo Luis Leonardo Almagro Lemes, es el operador en turno que se ha confrontado con países del llamado Eje Bolivariano por imponer la obsoleta visión panamericanista de mercado que EE. UU. le imprimió desde su origen. De ahí la pugna con el gobierno venezolano, cuya escalada reciente consignamos:

14.03 En su informe, Almagro solicita suspender a Venezuela de la OEA si no hay elecciones generales “a la mayor brevedad” con presencia de observadores internacionales.

15.03 La canciller venezolana Delcy Rodríguez califica de “inadmisible” ese informe, que al exigir la suspensión de Venezuela del organismo desconoce a las instituciones de ese país y justificaría una intervención. Almagro dirige a los “factores fascistas de la derecha hemisférica” –sectores antidemocráticos violentos que apuestan a subvertir el orden constitucional y jurídico– para lograr la intervención en Venezuela, sostiene Rodríguez.

21.03 Más de 225 movimientos sociales latinoamericanos expresan su repudio a la agresión injerencista contra Venezuela y llaman a la defensa de la soberanía del país sudamericano.

28.03 Con voto a favor de 20 de 34 miembros, la OEA abre su sesión sobre Venezuela. Con apoyo de Bolivia y Nicaragua, Venezuela intenta evitar el debate al argumentar que esa reunión viola el principio de “No intervención en los asuntos internos de los Estados”. El embajador venezolano Samuel Moncada declara que fue una “flagrante violación” a los principios de la organización.

A favor de esa vergonzante reunión votó México, de la mano de EE. UU., Canadá, Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica. Se abstuvieron Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago con ausencia de Granada.

Al calificar de “hipócritas” a esos países, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo de México: “Imaginen ustedes, el canciller de México, donde todos los días encuentran un cementerio clandestino, donde asesinan a maestros, a los estudiantes los desaparecen … ¿Y están preocupados por Venezuela? Falsos, hipócritas”. Según la agencia EFE, para Cabello esa reunión es ilegal y los gobiernos que la apoyaron están “sometidos a infames presiones.

México entrampado

En su comunicado del 23 de marzo, la cancillería mexicana afirma que evaluará “con detenimiento” el informe de Almagro, para acordar qué acción tomar. Señala que suspender a un país miembro, como establece la Carta democrática Interamericana de la OEA invocada por Almagro, “es el último recurso”.

Pide agotar esfuerzos diplomáticos a fin de cumplir los acuerdos alcanzados en las mesas del proceso de acompañamiento que impulsan los expresidentes y la Santa Sede; “identificar soluciones concretas con apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas”.

Ese ejercicio de softpower no oculta el tono autoritario cuando exige que Venezuela atienda “de forma urgente y prioritaria” la liberación de “presos políticos”, que reconozca la legitimidad de las decisiones del Parlamento y “establezca un calendario electoral” que incluya las elecciones pospuestas.

Ante esa abierta injerencia y falta de tacto político, la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela (CMSV) se posiciona ante ese comunicado el 25 de marzo y declara: “Para pedir hay que tener autoridad moral” y agrega: “Con qué cara Luis Videgaray, a nombre del gobierno mexicano, puede pedir algo al gobierno de Venezuela cuando tenemos una situación de emergencia nacional, de violación de derechos humanos y libertades democráticas”.

Más adelante, la CMSV denuncia a la OEA como una organización al servicio de EE. UU. y su política injerencista y puntualiza que Leopoldo López “no es un preso político” sino que participó activamente en el golpe de estado y ha llamado a derrocar el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro.

Además, reivindica el derecho del pueblo venezolano a “decidir su estructura de gobierno, así como la forma y momento para realizar sus elecciones”.

Lo que la CMSV destaca es una realidad bien conocida por un órgano de la OEA, quizás el único relativamente confiable en la región: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y precisamente, el Estado mexicano participó en cuatro audiencias públicas del 161º período de sesiones de la CIDH, según el comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de Justicia (PGR), del 18 de marzo. En esas audiencias, México explicó y escuchó opiniones sobre la independencia que debe tener la procuración de justicia; así como sobre la situación de los derechos humanos de solicitantes de asilo y refugio.

Además, informó sobre el mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa y atendió recomendaciones sobre el derecho a la verdad por violaciones graves de derechos humanos. Agrega que los representantes del Estado mexicano escucharon las preocupaciones sobre cada tema “y reconocieron los retos existentes en protección de derechos humanos”.

A modo de conclusión, cito el libro Entre dos Océanos (1991) del polémico director del diario Excélsior y escritor pro-sistema, Regino Díaz Redondo, donde escribe que la OEA “fue totalmente desprestigiada por EE. UU. y prácticamente destruida por ese país; que la convirtió en su instrumento”.

El autor asegura que el organismo “ha sido inútil, no ha resuelto nada en los últimos 25 años y lógicamente, nadie cree en ella ni nadie cuenta con ella. Prácticamente ni se la menciona”.

En 2017. esa inoperancia intenta borrarse con la grosera intromisión en los asuntos internos de Venezuela, a los que Luis Almagro se ha atrevido a llamar desde instituciones académicas mexicanas.

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